España ajustará su legislación al nuevo marco europeo para las aguas residuales urbanas

Durante su intervención, la representante del MITECO ha explicado que la propuesta de revisión no constituye una nueva creación, sino una refundición que modifica y amplía el texto original. Este proceso de revisión surgió tras una evaluación realizada en 2019 que, aunque concluyó la efectividad de la Directiva, también identificó áreas clave que necesitan mejoras, como la gestión de desbordamientos de aguas pluviales y el tratamiento de pequeñas aglomeraciones no conectadas. De este modo, la revisión busca integrar políticas climáticas y energéticas más coherentes, aumentando las disposiciones sobre la reutilización de aguas residuales y lodos y la recuperación de componentes valiosos: «La nueva norma implica más obligaciones, en consonancia con la ambición ambiental de la UE, para seguir mejorando la calidad de nuestro entorno y reducir los riesgos para la salud humana», ha señalado.

Irene Morante también ha detallado los desafíos encontrados en el proceso legislativo, incluyendo las etapas de aprobación y las negociaciones tripartitas entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea. «Dado que el texto estaba muy pulido y acordado por todos los Estados miembros, solamente fue necesario un trílogo político para llegar a un acuerdo provisional del texto», ha comentado. Además, ha señalado que por parte de España, se ha intentado mantener la ambición ambiental del texto.

Uno de los puntos más destacados fue la introducción de nuevas obligaciones para la recogida y tratamiento de aguas, que ahora se extenderían a todas las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes. «En España tenemos más de cien EDAR de más de 150.000 h-e que van a tener que implantar tratamiento adicional cuaternario, probablemente carbón activo u una oxidación avanzada». También ha mencionado la ampliación de los estándares de tratamiento para incluir la eliminación de nutrientes y microcontaminantes, así como medidas para reducir el consumo energético del sector y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí, Morante se ha detenido en uno de los puntos más controvertidos: la responsabilidad ampliada del productor (RAP), que busca que los productores de productos farmacéuticos y cosméticos cubran al menos el 80% de los costos adicionales derivados del tratamiento de microcontaminantes. «Los colegisladores han encargado a la Comisión que evalúe el posible impacto de esta disposición en la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos».

Irene Morante ha detallado cómo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está abordando los desafíos de adaptar la nueva normativa europea al contexto nacional

Asimismo, ha subrayado los esfuerzos para alcanzar la neutralidad energética en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para 2045. «Los colegisladores han convenido en que el sector del tratamiento de aguas residuales urbanas puede desempeñar un papel importante a la hora de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a la UE a alcanzar su objetivo de neutralidad climática».

Para finalizar, en lo que respecta a la implementación de la directiva en España, Irene Morante ha detallado cómo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está abordando los desafíos de adaptar la nueva normativa europea al contexto nacional, que involucra su transposición dentro de un plazo de tres años desde su entrada en vigor. Este proceso, ha explicado, incluirá la modificación o derogación de normativas vigentes, como el Real Decreto-Ley 11/1995 y el RD 509/1996, así como la necesidad de coordinación con otras normas nacionales, incluyendo el RDPH o la Ley de Residuos: «Vamos a tener que hacer en paralelo no solamente la transposición sino la implementación de la directiva, porque en 3 años la nueva directiva pide a los Estados Miembros elaborar un programa nacional de implementación».

Respecto a la elaboración de este Programa, Irene Morante ha señalado que se elaborará en tres fases claves. La primera fase comprende un diagnóstico del estado actual del saneamiento y la depuración en España, identificando posibles actuaciones a cargo de la Administración General del Estado. La segunda fase implica el cálculo de costes asociados a los nuevos requerimientos de la Directiva, evaluando necesidades de inversión para mejorar o reemplazar infraestructuras existentes. Finalmente, la tercera fase se centrará en la planificación de medidas e inversiones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo el tratamiento secundario, terciario y cuaternario de las aguas residuales. Sobre ello, ha destacado que «los Estados Miembros son responsables de buscar financiación a través de fondos europeos, de fuentes que permitan abordar todos los nuevos proyectos».

Sobre el proceso, Morante ha hecho especial énfasis en la necesidad de involucrar a diversas entidades y sectores, ya que la implementación de la Directiva no solo impacta a los operadores de plantas de tratamiento, sino también a los municipios, comunidades autónomas, y otros actores clave. En definitiva, requiere de enfoque colaborativo para asegurar que las soluciones adoptadas sean sostenibles y eficaces a largo plazo.